Opinión

Las lecciones que ofrece el sector público en políticas laborales de equidad de género

Verónica Garrido es directora regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) en la Región Metropolitana y cuenta con más de 20 años de experiencia en el servicio público, creando políticas y programas ligados a los recursos humanos. Asegura que las empresas privadas tienen mucho que aprender de las organizaciones del Estado, a la vez que respalda la implementación de cuotas de género en el mundo laboral.

Verónica Garrido

Nuestra sociedad se ha vuelto más consciente de la necesidad de incorporar a más mujeres en puestos de alta dirección, tanto en las organizaciones del servicio público como en el mundo privado. Sin embargo, las cifras indican que Chile aún no ha dado el salto olímpico. Según datos entregados por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género este año, la representación de las mujeres hoy en los directorios de las empresas cotizadas en la bolsa de Santiago no supera el 8,5%. En las compañías privadas, la cifra ronda el 7%, lo que resulta insignificante, y demuestra que no se ha avanzado de la manera que esperábamos.

Muchas mujeres profesionales se han incorporado al mundo laboral con la convicción de competir en igualdad de condiciones con sus pares masculinos, pero en el camino se han dado cuenta que hay aspectos que las limitan. Estas barreras tienen que ver, entre otras cosas, con la responsabilidad que recae en las mujeres sobre la familia y el llamado “techo de cristal”.

Frente a este escenario, las cuotas de género aplicadas a las empresas del Estado son un ejemplo de éxito. Desde su implementación en 2016, la participación femenina en los directorios públicos ha llegado al 42%, en 2019, frente al 30,6% promedio de dicho año. Algunas empresas que han dado el giro son Metro S.A (42,9%); Zofri S.A (28,6%), y  la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (28,6%). Se suma que una mayoría de los presidentes de directorios públicos ha valorado el aporte positivo de las mujeres en estos cargos, según una encuesta publicada por el Sistema de Empresas Públicas (SEP).

Nuestro gran dilema ahora es cómo traspasamos los avances que ha experimentado el sector público hacia el mundo privado,  y para eso, hay varios caminos. El primero es que cada organización defina voluntariamente sus estrategias en materia de equidad de género. Esto implica medir, cuantificar y proponer metas. Una herramienta útil para lograrlo es la norma 3262, que permite a las empresas realizar un autodiagnóstico y revisar dónde están sus debilidades y fortalezas. Además, el proceso incluye el acompañamiento del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y de otros expertos, y sugiere la creación de áreas específicas.

No obstante, existe otro camino que ya ha dado resultados en el sector público y es la implementación de una ley de cuotas de género definitiva en las empresas privadas. Se trata de una medida impositiva, y por ello, poco popular. Pero muy efectiva en el caso chileno.

Por otra parte, tenemos el ejemplo de países como Australia y el Reino Unido, que se han inclinado por el factor reputacional. Esto significa que, junto con el balance contable, se debe también publicar un balance respecto de la conformación de la empresa y sus políticas con enfoque de género, con lo que las empresas se someten al escrutinio público.

En Chile, el gobierno ya está preparando un proyecto parecido, siguiendo el modelo australiano. Estas medidas sin duda pueden contribuir a cerrar las brechas, pues a veces la presión social puede ser mucho más efectiva que el castigo.

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